La Romana.- En las calles de La Romana, el deslumbrante resplandor de luces de alta luminosidad en vehículos, especialmente motocicletas, ha convertido la ciudad en un espectáculo reminiscente de un arbolito navideño.
A pesar de las advertencias y prohibiciones establecidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el uso indiscriminado de estos accesorios persiste, generando preocupación entre los residentes y autoridades locales.
La resolución emitida por el Intrant en agosto de 2018 y reiterada en octubre de 2021 prohíbe categóricamente el uso, instalación, modificación o adaptación de accesorios de emisión de luces de alta luminosidad en vehículos que circulan por las vías públicas del país.
El objetivo principal de esta medida es reducir la incidencia de accidentes de tránsito provocados por deslumbramientos y desorientación a conductores.
Diversos tipos de luces, como barras múltiples, faroles, faros esféricos y otras variantes, están incluidos en la prohibición. Sin embargo, a pesar de las restricciones establecidas por la institución, muchos propietarios de vehículos han optado por hacer caso omiso, contribuyendo a una situación que afecta la seguridad vial.
Domingo Valencia, un residente de 45 años y propietario de una pasola, expresó su preocupación sobre el impacto de estas luces en la visión de los conductores y peatones.
«Cuando esa luz LED, más la intermitente, me da en la cara, pierdo la visión por momentos y no veo nada, lo que fácilmente puede ocasionar un accidente, especialmente para aquellos que ya padecemos problemas de visión», declaró Valencia.
La única excepción establecida por el Intrant es para vehículos destinados a competencias y eventos deportivos. Sin embargo, estos vehículos deben obtener un permiso especial y, cuando circulen por vías públicas, deben estar cubiertos por un protector que evite la emisión de las luces deslumbrantes.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) es la entidad encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones.
El incumplimiento de la prohibición conlleva sanciones, incluida una multa equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado, según lo estipulado en el artículo 192 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
A pesar de estas medidas, las autoridades enfrentan el desafío de hacer cumplir efectivamente estas regulaciones en La Romana.
Por: Abrahan Nuñez
