La Romana.- En el marco de la Operación Calamar, las autoridades han identificado la adquisición de 57 inmuebles, entre apartamentos y terrenos, utilizando parte de los 21 mil millones de pesos estafados al Estado dominicano.
De estos inmuebles, 26 fueron adquiridos por el abogado Juan Tomás Polanco Céspedes, quien reside en La Romana. La mayoría de estas adquisiciones se realizaron entre 2022 y 2023 en las localidades de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, y La Romana.
El Ministerio Público atribuye a Polanco Céspedes una serie de maniobras fraudulentas, incluyendo la falsificación de documentos públicos y privados, con los cuales estafó al Estado y se hizo entregar fondos bajo el concepto de pagos por expropiación, sin ser legítimamente beneficiario.
Entre los documentos falsificados se encuentran actos notariales de partición amigable y determinación de herederos presentados en el Tribunal de Tierra de La Altagracia, donde figuran firmas de personas ya fallecidas.
Estas maniobras eludieron a los verdaderos herederos y agilizaron la obtención de sentencias para reclamar pagos por expropiación de terrenos.
El Rol de Juan Tomás Polanco Céspedes en la Operación Calamar
Según el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Polanco Céspedes es acusado de falsificar documentos públicos y privados, estafar al Estado y recibir fondos indebidos. Usando estos documentos fraudulentos, logró que el Estado le entregara pagos por expropiaciones de terrenos, sin ser el legítimo beneficiario.
La Pepca señala que estas maniobras fraudulentas permitieron a Polanco Céspedes estafar a una parte de la familia Mota, los legítimos beneficiarios, específicamente en la expropiación de la parcela 9, DC 10/1, en el Parque Cotubanamá, La Altagracia. Para ello, se asoció con Álvaro Jiménez (Rediux Consulting, S.R.L.), Alejandro Constanzo, Pedro María de La Altagracia Veras, Ángel Lockward Mella (Ángel Lockward & Asociados, S.R.L.), entre otros, formando parte de una estructura criminal de corrupción.
Esta red operaba desde el Ministerio de Hacienda, dirigida por el coimputado Ángel Donlad Guerrero, y destinaba los fondos obtenidos ilícitamente para financiar la campaña presidencial del PLD de Gonzalo Castillo.
La red entregaba sumas de dinero como sobornos a través de cesiones de créditos que otorgaban el 50% del pago total a los funcionarios involucrados en la emisión de los libramientos de pago, sin la autorización de los legítimos herederos.
Con los 49 millones 355 mil pesos (RD$49,355,518.70) recibidos, y sabiendo que eran productos de actividades ilícitas, Polanco Céspedes adquirió bienes muebles e inmuebles, incluyendo dinero en efectivo, vehículos y propiedades, que posteriormente utilizó, ocultó, convirtió y transfirió para disimular sus actividades.
Implicaciones Legales
Estas acciones constituyen delitos penalmente relevantes según la normativa vigente. La ley 155-17 agrava el tipo penal de lavado de activos al considerar que Polanco Céspedes, como abogado, es un sujeto obligado.
Las autoridades destacan que el acusado mostró conocimiento y dolo al usar documentos falsos para obtener pagos indebidos y sobornar para obtener beneficios.
La Pepca asevera que Polanco Céspedes es coautor de estas acciones, que representan conductas típicas, antijurídicas, culpables y punibles. La justicia dominicana procederá con las acusaciones y juicio correspondiente para sancionar estos actos de corrupción y estafa al Estado.
Por: Abrahan Nuñez
