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Compras y Contrataciones revoca contrato recogida basura Alcaldía de La Romana

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La Romana

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), anuló este miércoles el contrato de recogida de basura entre el Ayuntamiento de La Romana y la empresa Urbaluz S.R.L.

En su resolución, DFCP44-2021-004528, establece que en el procedimiento de contratación directa se violaron los artículos 16 y 17 Ley 340-06 y sus modificaciones, según el comunicado.

Explican que la violación se debió a que en la contratación se metieron los procedimientos para la selección y “todo el marco normativo” de contratación pública que se deben cumplir.

Además, de que se infringió el principio de transparencia y publicidad, porque el procedimiento de contratación directa Urbaluz S.R.L. no fue publicado en los medios.

Esta anulación se logró a raíz de la solicitud de investigación interpuesta por el señor Elpidio Tolentino Garrido, quien el año pasado admitió que “no se acogió a lo establecido a estas normas legales mencionadas por la urgencia y necesidad que presentaba la municipalidad”.

Contrataciones Públicas recomendó al alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames (Tony), identificar a los funcionarios responsables de no ceñir su actuación al debido proceso, “y determine las sanciones que pudieran corresponder, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones”.

Aconsejó al alcalde promover e instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones actuales, a los posibles peritos y a la unidad de compras de la Alcaldía, participar en formaciones y actualizaciones de la Ley 340-06.

Luego de seis meses a partir de la recepción de la resolución, la Alcaldía de La Romana debe notificar a Contrataciones Públicas los servidores públicos que recibieron las formaciones.

En la misma resolución se aclaró que el documento no es definitivo en la vía administrativa y contra él se puede interponer una reconsideración en la DGCP o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Fuente: Nuevo Diario