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Compras y Contrataciones revoca contrato recogida basura Alcaldía de La Romana

La Romana

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), anuló este miércoles el contrato de recogida de basura entre el Ayuntamiento de La Romana y la empresa Urbaluz S.R.L.

En su resolución, DFCP44-2021-004528, establece que en el procedimiento de contratación directa se violaron los artículos 16 y 17 Ley 340-06 y sus modificaciones, según el comunicado.

Explican que la violación se debió a que en la contratación se metieron los procedimientos para la selección y “todo el marco normativo” de contratación pública que se deben cumplir.

Además, de que se infringió el principio de transparencia y publicidad, porque el procedimiento de contratación directa Urbaluz S.R.L. no fue publicado en los medios.

Esta anulación se logró a raíz de la solicitud de investigación interpuesta por el señor Elpidio Tolentino Garrido, quien el año pasado admitió que “no se acogió a lo establecido a estas normas legales mencionadas por la urgencia y necesidad que presentaba la municipalidad”.

Contrataciones Públicas recomendó al alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames (Tony), identificar a los funcionarios responsables de no ceñir su actuación al debido proceso, “y determine las sanciones que pudieran corresponder, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones”.

Aconsejó al alcalde promover e instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones actuales, a los posibles peritos y a la unidad de compras de la Alcaldía, participar en formaciones y actualizaciones de la Ley 340-06.

Luego de seis meses a partir de la recepción de la resolución, la Alcaldía de La Romana debe notificar a Contrataciones Públicas los servidores públicos que recibieron las formaciones.

En la misma resolución se aclaró que el documento no es definitivo en la vía administrativa y contra él se puede interponer una reconsideración en la DGCP o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

Fuente: Nuevo Diario