La Romana, R.D.- La muerte de tres hombres bajo custodia policial obligó al Gobierno a anunciar y acelerar la ejecución de un conjunto de medidas que conforman la transformación de la Policía Nacional.
El anuncio lo hizo, José Vila del Castillo, el comisionado para la reforma policial, quien vaticinó que este conjunto de medidas, que aunque aún no tienen fecha de implementación, podrán garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes.
De manera inmediata, el Gobierno dispone la instalación de cámaras en todos los destacamentos y patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 9-1-1.
En el Ministerio de Interior y Policía funcionará un centro de control y monitoreo de los cuarteles que junto a la Departamento de Asuntos Internos se garantizará la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den. Además, se dotará a la Inspectoría General de mayores capacidades de control e instrucción de casos.
También las patrullas tendrán instaladas en sus teléfonos el Sistema Policial de Consulta Criminológica para la «depuración no intrusiva y respetuosa» de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad.
Para la revisión y mejora de la inspectoría de tráfico se dispuso la creación de un centro nacional de control de tránsito .
El plan acelarará la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la Policía Nacional, se implementará en el organismo guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada así como la implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como: gestión de crisis, derechos humanos y actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
Entre las medidas, también figura ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. «Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos», aseguró Vila del Castillo.
En lo concerniente al estado de salud de las personas detenidas, el comisionado dijo que se coordinará con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales.
Por último, Vila del Castillo citó la reorganizar el departamento de comunicaciones de la Policía, en coordinación con la Presidencia e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
Trabajo José Vila del Castillo
José Vila del Castillo fue designado el 14 de enero como comisionado ejecutivo para la reestructuración completa de la Policía Nacional, y que sus labores comenzaron oficialmente la primera semana de febrero.
Explicó que su trabajo, que lleva 90 días, se fundamenta tanto en las recomendaciones hechas por los trabajos de la Comisión para la Reforma, como en aquellas dadas por los organismos Internacionales y tiene en cuenta las necesidades expresadas por los propios miembros de la Institución durante estas semanas.
La Policía que hay en RD
“Como un sinnúmero de otras policías con las que he trabajado en diferentes países, la Policía Nacional de República Dominicana, con la que yo me encontré no ahora, sino desde hace varias décadas, en mi labor como representante en las Naciones Unidas, es básicamente centralista, jerárquica, verticalista y sin delegación de autoridad”, aseguró.
Y agregó: “De mentalidad militarista, corporativista en el manejo de las responsabilidades, sin articulación social, ajena a la estructura general del Estado y desvertebrada de las necesidades sociales. Su papel se ciñe, fundamentalmente, a servir como forma de actuación investigativa y controladora social”.
Expuso que toda la gestión de la Policía Nacional se basa en el principio escalonado de la autorización administrativa, la tradición burocrática y la no consecución sistémica e inconsecuente de lo planeado desde su sede central en Santo Domingo, proyectada hacia todo el territorio.
En tanto, destacó que «de los más de 30 mil agentes que componen la Policía Nacional la inmensa mayoría son hombres y mujeres de bien que trabajan bajo unas condiciones de abandono social casi absoluto y a los que se les encarga, hoy, una de las responsabilidades sociales más importantes en un Estado democrático, social y de derecho: la seguridad de los ciudadanos, la protección de la vida, de los derechos humanos y la vertebración social del territorio».
Sin embargo, añadió: “Existen también funcionarios que por su comportamiento no ameritan ser policías o servidores públicos. Ellos deben quedar fuera tras un proceso de evaluación”.
